CDMX. – Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron, con 22 votos a favor y seis abstenciones, la reforma constitucional en materia de no reelección y nepotismo electoral, iniciativa enviada por el poder ejecutivo.
Los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM, MC avalaron el dictamen en lo general y particular, mientras que Acción Nacional se abstuvo; además, senadores del PRI se ausentaron de la reunión.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, señaló que, si bien limitar la no reelección inmediata y negar el nepotismo electoral son pasos esenciales para tener procesos democráticos justos, esta reforma, así como está, no es suficiente, pues se requiere de una reforma electoral más profunda.
Agregó que sólo el tema del nepotismo electoral está incompleto, pues no se extiende en toda la administración pública, sino que sólo se limita a lo electoral; y sin estar a favor de la reelección, es indispensable profesionalizar el trabajo de los ayuntamientos.
En tanto, Ricardo Anaya, del PAN, afirmó que las grandes reformas electorales que se han llevado a cabo se lograron con el diálogo y el acuerdo de todas las fuerzas políticas, debido a que cambia el juego electoral, además de ser reformas integrales.
La reforma, agregó, está incompleta al haber dejado afuera la sobrerrepresentación, al no incluir que el nepotismo se destierre en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, en los organismos constitucionales autónomos y en los partidos políticos, a fin de todos los que llegan a los cargos lo hagan con legitimidad.
El dictamen establece que la no reelección aplicará para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrán contender para el mismo cargo que están ejerciendo en un periodo inmediato posterior.
La prohibición de reelección de las personas servidoras públicas, será aplicable a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
En cuanto al nepotismo electoral, se propone como un requisito de idoneidad que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja.
Así como parentesco consanguíneo o civil en la línea recta sin limitación de grado, y en la línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán. Dichas disposiciones serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales a celebrarse en 2027.
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