España lanzó una de las reformas laborales y económicas más ambiciosas de Europa al poner sobre la mesa la democratización real de las empresas. El planteamiento es claro: más poder de decisión y más acceso a la propiedad para quienes trabajan, bajo el amparo del artículo 129.2 de la Constitución.
En este contexto, el Comité Internacional de Expertos de Alto Nivel sobre Democracia en el Trabajo, impulsado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó este 2 de febrero en Madrid el informe “Dos promesas a quienes trabajan: voz y propiedad”, un documento que traza una hoja de ruta para transformar la gobernanza empresarial en España y, a mediano plazo, en la Unión Europea.
El informe parte de un diagnóstico incómodo: las empresas concentran el poder en los accionistas, excluyen a los trabajadores de las decisiones estratégicas y profundizan desigualdades sociales, territoriales y ambientales. Frente a ello, propone dos ejes constitucionales: participación efectiva en la toma de decisiones y acceso a la propiedad de los medios de producción.
Entre las medidas destacan la representación obligatoria de trabajadores en consejos de administración, el fortalecimiento de los comités de empresa —incluido el veto sobre sistemas de inteligencia artificial— y nuevos mecanismos de propiedad laboral inspirados en modelos europeos y cooperativos. Todo ello sería evaluado mediante un Índice de Desarrollo Democrático Empresarial, ligado a incentivos fiscales y al acceso a recursos públicos.
El documento, respaldado por académicos de universidades como Harvard, Oxford, MIT y la LSE, busca ir más allá de la cogestión alemana y plantea una vía española para enfrentar crisis laborales, tecnológicas, democráticas y ecológicas.
El mensaje político es directo: sin democracia en el trabajo, la democracia en las urnas también se debilita. España intenta colocarse, otra vez, en el centro del debate europeo. El reto será pasar del informe a los hechos.
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