Cuando la discusión deja de ser sobre ideas y se convierte en ataques personales, perdemos la capacidad de debatir y abrimos la puerta al odio
Por: José Luis Guevara
Un diputado local, en ejercicio no solo de su derecho sino de su obligación de legislar, decide utilizar un mecanismo legal para que una iniciativa de ley —previamente presentada— sea discutida por la legislatura a la que pertenece. No intenta imponerla ni forzar el voto de sus compañeros; simplemente pide que se cumpla el proceso básico de cualquier democracia: discutir para votar.
Naturalmente, ocurre lo predecible: las redes sociales y algunos espacios mediáticos se llenan de posturas a favor y en contra. Hasta ahí, todo normal. Así debería funcionar una sociedad plural. El problema aparece después, cuando la discusión deja de girar en torno a la propuesta y empieza a centrarse en la persona. Muchas de las posturas críticas abandonan los argumentos y se convierten en ataques personales, en descalificaciones que poco o nada tienen que ver con la iniciativa, en juicios sobre la vida personal del legislador que, sean ciertos o falsos, no tienen relación con el fondo de la discusión. En el extremo, incluso, aparecen amenazas de muerte.
Ahí es donde el problema deja de ser político y se vuelve más profundo. Porque se puede estar a favor o en contra de una iniciativa, se puede cuestionarla, criticarla o desmontarla argumento por argumento. Incluso se puede ser indiferente. Todo eso es parte natural de una democracia. Lo que no puede normalizarse es el encono, ni la idea de que cualquier intento de discutir una propuesta, por incómoda o polémica que sea, deba ser castigado con ataques personales, intimidación o violencia.
Da la impresión de que se ha ido perdiendo la capacidad de debatir. No de opinar —eso sobra—, sino de debatir de verdad. Escuchar, responder, matizar, sostener una idea frente a otra sin convertir la conversación en un campo de batalla. Hoy, cualquier desacuerdo escala en segundos. No se discuten argumentos, se descalifica a la persona, se le destruye. No se cuestiona la idea, se cancela al que la expresa.
En México, el Informe País 2020 del Instituto Nacional Electoral encontró que solo el 24% de las personas confía en alguien que piensa distinto políticamente. Es decir, tres de cada cuatro mexicanos partimos del prejuicio, no del diálogo. A nivel global, un estudio del Pew Research Center señala que el 65% de los usuarios en redes sociales considera que estas plataformas dificultan tener conversaciones respetuosas sobre política. No es casualidad: los algoritmos premian la confrontación y amplifican lo más estridente sobre lo más razonado.
Pero el problema no es solo tecnológico, es cultural. Nos hemos acostumbrado a debatir para ganar, no para entender; a responder rápido en lugar de pensar mejor, a rodearnos de quienes confirman lo que ya creemos. Así se construyen burbujas donde el otro deja de ser interlocutor y se convierte en el enemigo a destruir. En ese contexto, el debate deja de ser una herramienta democrática y se vuelve un espectáculo donde lo importante no es la solidez del argumento, sino la capacidad de imponerse, en donde el que más grita y más ofende, cree que gana.
Y cuando una sociedad pierde la capacidad de debatir pacíficamente, pierde también la posibilidad de corregirse a sí misma. Se convierte en una torre de Babel, en la que todos hablan pero nadie escucha. El debate no es un lujo intelectual, es el mecanismo mediante el cual contrastamos ideas, identificamos errores y encontramos mejores soluciones. Sin ese proceso, lo que queda no es deliberación, sino imposición. Lo vemos todos los días en la política, donde las posturas se endurecen, donde la discusión se reduce a bandos. Pero también en la vida cotidiana, donde una conversación incómoda basta para romper amistades y familias.
El costo es alto: polarización, desconfianza y, al final, parálisis. Porque una sociedad que no puede debatir tampoco puede construir acuerdos, y sin acuerdos no hay reformas que duren, ni un futuro compartido.Subscribe
En México, necesitamos reconstruir la cultura cívica y con ella promover el debate democrático. Eso empieza desde la formación más básica. En las escuelas, nuestros niños deberían aprender no solo a defender sus ideas, sino también a defender el derecho de otros a expresar las suyas. Entender que el desacuerdo no es una amenaza, sino una condición de la vida democrática. Esa enseñanza es tan importante como cualquier otra materia.
Y para quienes ya estamos fuera de las aulas, sería deseable que parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral se oriente a campañas que enfrenten la polarización y promuevan el debate pacífico como práctica cotidiana. También que se sancione a quienes desde los partidos políticos usen el discurso para polarizar y promover la intolerancia de un grupo en contra de otro. Si lo van a hacer, que lo hagan con su dinero, no con el de los mexicanos.
Recuperar la capacidad de debatir no implica renunciar a las convicciones. Implica aceptar que podemos estar equivocados, que el otro puede tener un punto válido, que cambiar de opinión no es una derrota, sino una forma de avanzar. No es normal que no podamos hablar entre nosotros, no es sano que cualquier diferencia termine en ruptura, no es sostenible construir un país donde disentir se vuelve imposible.
Porque cuando el diálogo se rompe, lo que queda no es el silencio, es el odio.
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