Mientras el daño ambiental le costó a México 1.3 billones de pesos en 2023 —el 4.2% del PIB—, la protección al medio ambiente apenas recibió 0.7% del gasto nacional. Con ese contraste de fondo, senadoras y senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa para elevar la responsabilidad ambiental a rango constitucional.
La propuesta plantea modificar el artículo 25 de la Constitución para que la protección del medio ambiente deje de ser un discurso aspiracional y se convierta en un eje obligatorio del desarrollo económico, vinculante para los sectores público, social y privado.
Los legisladores advirtieron que el actual modelo de producción y consumo ha generado una degradación ambiental que ya impacta directamente en la economía y en la calidad de vida, comprometiendo a las generaciones presentes y futuras. Los datos del INEGI confirman la factura: contaminar sale caro, pero prevenir sigue sin ser prioridad presupuestal.
Aunque la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano, el PVEM sostiene que es insuficiente si la política económica no está obligada a respetar límites ecológicos claros. Por ello, la iniciativa busca que la responsabilidad ambiental deje de ser opcional y se convierta en un mandato constitucional.
Las y los senadores recordaron que desde hace más de cinco décadas la comunidad internacional ha advertido sobre la insostenibilidad del modelo económico actual y que, pese a compromisos como la Agenda 2030, los avances han sido limitados, lo que hace necesario fortalecer el marco jurídico nacional.
La apuesta es clara: seguir pagando los costos del deterioro ambiental o cambiar las reglas del desarrollo antes de que la factura sea impagable.
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