Por Antonio Amaya Vidal
El Senado de México aprobó la nueva Ley de Aguas impulsada por el gobierno federal, una serie de normas que redefinen la administración, el control y sanciona el uso inadecuado del agua en el país.
La aprobación fue rápida, aunque hubo protestas de organizaciones agrícolas que argumentan falta de consulta y riesgos jurídicos en sus actividades.
El objetivo es ordenar concesiones, frenar actividades ilegales y garantizar que el agua deje de ser visto como “una mercancía”, con esto lograr que sean transparentes los permisos mediante un registro público nacional.
Con los cambios a la ley se lograrán: sanciones más duras y mayor vigilancia.
El nuevo ordenamiento da énfasis en el combate al robo, desvío y uso ilegal del agua.
Las sanciones van a ser duras pues se introduce el concepto de “responsabilidad hídrica” y la autoridad obtiene facultades más amplias para intervenir en casos de abuso o sobreexplotación.
Las principales sanciones incluyen:
- Tomas clandestinas: Aumentan las penalizaciones por perforar pozos o conectar tuberías sin autorización.
- Extracción ilegal: Multas más severas y posibilidad de cancelar el título si el usuario rebasa los volúmenes permitidos.
- Desvíos y alteración de cauces: Castigos más estrictos por manipular ríos, arroyos y canales sin permiso.
- Contaminación: Sanciones por descargar aguas residuales sin tratamiento, afectando la calidad del recurso.
- Mercado negro del agua: Se prohíbe la compraventa clandestina de concesiones; la autoridad será la única que podrá reasignarlas.
- Uso indebido de concesiones: Suspensión o reducción del volumen cuando el agua se utilice para actividades no autorizadas.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tendrá la facultad de reducir o cancelar concesiones en contextos de escasez, con el fin de proteger cuencas y acuíferos de México.
La Ley de Aguas regula la explotación, uso, manejo y protección del agua en México, un recurso que la Constitución reconoce como propiedad de la Nación y derecho humano esencial que por muchos años fue vendida y usada de una manera rapaz a intereses de unos cuantos.
Su función central es garantizar que el uso del agua sea ordenado, sustentable y equitativo, por lo que establece reglas para:
- Otorgar concesiones y asignaciones.
- Controlar el volumen extraído y su destino (agrícola, urbano, industrial).
- Vigilar la calidad del agua y las descargas.
- Proteger ríos, lagos, cuencas y acuíferos.
- Sancionar prácticas ilegales y contaminantes.
La Constitución respalda y habla de esta regulación a través delartículo 4(derecho humano al agua), el 27(propiedad de la Nación y lineamientos de aprovechamiento) y el 115(responsabilidad municipal en servicios de agua y saneamiento).
La reforma pide frenar el acaparamiento del recurso en México, eliminar prácticas ilegales y garantizar que usen bajo reglas claras las concesiones.
Organizaciones rurales sostienen que la prohibición de transmitir permisos entre particulares, junto con las nuevas facultades de cancelación, podría afectar la seguridad jurídica de quienes dependen del riego para producir, pero también se les olvida que miles de mexicanos tienen carencia de agua y limitado acceso a ella.
El gobierno asegura que el nuevo régimen de sanciones permitirá proteger cuencas y combatir delitos contra el agua del país. Lo cierto es que la Ley de Aguas, ahora reforzada, será un instrumento para ordenar un recurso vital cuya gestión ha sido históricamente conflictiva en México y que también responde a la crisis de recursos que atraviesa la época actual.
Antonio Amaya Vidal
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