Suma 91 mil personas la desaparición forzada en México

CDMX.- En el contexto del la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (30 de agosto), hasta el 24 de agosto de 2021 el gobierno federal contaba en todo el país a 91 mil 30 personas desaparecidas, desde 1963 hasta ahora.

Las estadísticas del gobierno del estado dicen que existen 10 mil 576 desapariciones entre 1995 y el 30 de julio de 2021: mil 222 son de mujeres, 9 mil154 son de hombres y de 200 los servicios forenses desconocen el sexo.

Aunque la mayoría de estas víctimas no clasifican estrictamente en la desaparición forzada, en México las familias de las personas desaparecidas conmemoran este día. Es que no existe una clasificación especial de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para la situación extraordinaria en la que está el país, afirman Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y Alejandra Cartagena López, investigadora responsable del programa de Tortura Ejecuciones y Desapariciones del centro.

¿A qué llama la ONU desaparición forzada y por qué nos debe importar?

Lo primero: al arresto, privación de la libertad, detención y traslado de personas, contra su voluntad, que perpetran personas que trabajan para el gobierno, en cualquier sector o nivel.

En la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992, la ONU define que también sucede una desaparición forzada cuando los grupos organizados o personas comunes actúan en nombre del gobierno o tienen su apoyo directo o indirecto, su autorización o consentimiento

De acuerdo al análisis, aunque México no está en una dictadura, sus desapariciones podrían clasificarse como forzadas, ante la impunidad que tienen este y otro delitos que se comenten todos los días en el país.

Como ejemplo, en Jalisco, de casi nueve por ciento que sí se denuncia, en cuatro de cada cinco casos ni siquiera se abre una investigación. Es decir, quedan atrapados entre las carpetas de un cajón perdido de la policía investigadora. En el limbo. En el resto de los casos, que ya son muy pocos, casi una tercera parte de los o las denunciantes abandona, pues considera que pierde el tiempo. Así, de este nueve por ciento del cual sólo 20 por ciento se investiga, sólo termina en una sentencia penal el tres por ciento de las denuncias, relata Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, responsable del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia del CUDJ del ITESO.

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